Entre el 18 de enero y el 28 de febrero, en Barcelona se han suspendido nueve de cada diez desahucios previstos de familias en situación de vulnerabilidad gracias a la moratoria estatal de desahucios, al resto de herramientas normativas y de negociación de los servicios de vivienda municipales y a la labor de los movimientos vecinales.
Un total de 418 desahucios detenidos
La unidad antidesahucios municipal ha trabajado en 450 procesos de desalojo, que han afectado a 1.592 personas, un 37 % de las cuales eran menores de edad. De las 418 órdenes detenidas, en un 77 % de los casos se ha llegado a un acuerdo entre las partes, como el pago de cuotas de alquiler o la prórroga del desalojo para gestionar la entrada de la vivienda en la Bolsa de Alquiler Asequible u otros recursos habitacionales, entre otros.
En la mitad de los casos detenidos el propietario es un gran tenedor, lo que demuestra la importancia de disponer de herramientas legales que les obliguen a corresponsabilizarse para encontrar soluciones habitacionales y garantizar el derecho a la vivienda de muchas familias. Con estos mecanismos también se liberarían recursos humanos y económicos públicos, que se podrían destinar a llegar a acuerdos con pequeños propietarios.
Mediación y acuerdos para evitar desahucios
La moratoria estatal actúa como incentivo para que los pequeños propietarios lleguen a acuerdos, ya que permite ganar tiempo para que los equipos de profesionales encuentren una solución adecuada y evita a la familia pasar por el trauma del desahucio. La consecución de acuerdos es, precisamente, una de las causas principales de la suspensión de desahucios, lo que refuerza la necesidad de instituir la mediación obligatoria con el fin de seguir evitando desalojos y llegar a soluciones beneficiosas para todas las partes.
Por todo ello, se ha hecho llegar al Gobierno central una propuesta de ley de vivienda, con el objetivo de mantener y ampliar las garantías que la moratoria actual ofrece a las familias en situación de vulnerabilidad, además de alargar su vigencia hasta la entrada en vigor de la nueva legislación en materia de vivienda.