El Servicio de Intervención en Procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) amplía el equipo y pasa de 16 a 43 profesionales para reforzar la mediación y la intervención y conseguir que las familias se puedan quedar en su casa. Durante el 2022, la unidad ha conseguido suspender nueve de cada diez órdenes de desahucio.
El servicio municipal de mediación en desahucios hace la mediación entre los juzgados, la propiedad inmobiliaria y las familias afectadas y está integrado en las oficinas de vivienda de la ciudad.
Una de las novedades del servicio es la incorporación de un equipo jurídico propio para reforzar el equipo de profesionales de la mediación y la prevención con más herramientas para poder atender los recursos con más garantías. Las familias también dispondrán de un único profesional de referencia en todo el proceso, un aspecto muy bien valorado por las familias atendidas porque las ayuda a reducir la angustia y la incertidumbre que supone el proceso de pérdida de la vivienda.
Con la ampliación del servicio los profesionales dispondrán de más tiempo y recursos, podrán tener información de los casos con más antelación y preparar mejor la respuesta activando todos los recursos disponibles de la cartera de servicios de vivienda, como las ayudas al pago del alquiler o la entrada a programas sociales como la bolsa de alquiler municipal. El objetivo es, siempre que sea posible, que las familias puedan quedarse en la vivienda de manera estable a través del acuerdo con las propiedades.
El contrato del SIPHO llega a 5.091.112 euros, un importe que asumirá el Consistorio municipal, y tiene una duración de dos años con la posibilidad de prorrogarlos dos años más.
Más de 1.800 familias fueron atendidas por el servicio en el 2022
El año pasado el servicio municipal de mediación en desahucios atendió 1.881 familias nuevas, que representan un total de 4.357 personas, una tercera parte de las cuales son menores de edad. El 49 % de estas familias se encuentran en un proceso de desahucio impulsado por grandes tenedores, es decir, sociedades y entidades financieras o bien particulares con más de diez o quince pisos.
Con respecto a la situación en la vivienda, el 40 % de los procesos se deben al impago del alquiler, el 30 % a la ocupación sin título habilitante, el 14 % a la finalización del contrato de alquiler y el 4 % a ejecuciones hipotecarias.
Durante el 2022 se consiguieron suspender el 77 % de los procesos de desahucio antes del día señalado y un 10 % se detuvieron en puerta. En total, el 87 % de los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad con el acompañamiento del SIPHO no llegan a producirse.