La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llamado a la corresponsabilidad de las administraciones para evitar que se vuelvan a repetir desahucios, ni en Barcelona ni en ningún otro lugar, como el que se ha producido la mañana del martes, 14 de septiembre, en el distrito de Sants-Montjuïc.
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Una madre y tres menores han sido desahuciados del piso donde vivían después de tener que dejar de pagar el alquiler por incapacidad económica. El Ayuntamiento de Barcelona, que tenía conocimiento del caso, había intentado mediar con el propietario de la vivienda e incluso se había ofrecido a asumir el pago del alquiler para evitar que se ejecutara una orden de desahucio. El propietario, que según consta al Gobierno municipal es un gran tenedor de pisos en propiedad, “se había negado a toda negociación priorizando intereses especulativos sobre el derecho a la vivienda de una madre con niños pequeños“, tal como ha declarado la alcaldesa.
La Ley 24/2015 de Emergencia Habitacional y pobreza energética, parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), habría obligado a la propiedad a ofrecer a la familia una alternativa de vivienda, sin la cual no habría podido solicitar el desahucio. Ada Colau ha señalado al TC y al Gobierno de Rajoy, que recurrió la ley, como responsables del desahucio de este martes, que también ha calificado de paradigmático.
“Necesitamos esta ley para defender la vida de la gente y las vidas más vulnerables”, ha recordado la alcaldesa, que a la vez ha reclamado a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña que aceleren los trámites para aprobar la nueva ley que ha de sustituir los artículos suspendidos de la Ley 24/2015 y en la que se está trabajando desde que se conoció la decisión del Tribunal Constitucional.
En este sentido, Colau ha ofrecido todo el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona para trabajar conjuntamente con la Generalitat para no tener que llegar al extremo de la ejecución de un desahucio. Es un llamamiento a sumar esfuerzos que incluya tanto la negociación con el propietario de la vivienda como la posibilidad de ofrecer alternativas de viviendas a las familias obligadas a dejar su casa, una tarea que hoy recae en la Administración local. La alcaldesa, que ha calificado de “atentado contra el sentido común” enviar a cuatro unidades de antidisturbios al desahucio de la madre y las tres criaturas, ha destacado que los esfuerzos deben realizarse “no para ejecutar la orden judicial, sino para evitar un desahucio que supone una grave vulneración de los derechos humanos”.