El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha participado hoy en la presentación de Qüestions d’Habitatge: Polítiques comparades d’habitatge [Cuestiones de Vivienda: Políticas comparadas de vivienda], donde ha reivindicado la vivienda como elemento distintivo de las culturas y como “herramienta de empoderamiento” de la sociedad.
“Toda cultura se conoce, cada vez más, por sus políticas de vivienda. Cuando conocemos cómo vive a la gente, dónde vive: en casas particulares, en cooperativas, en ciudades abiertas o cerradas… todo eso nos explica mucho más cómo es esa sociedad”, ha asegurado Montaner en un acto en la sede del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona (CAATEEB).
El número 20 del Qüestions d’Habitatge presenta un estudio comparativo de las políticas de vivienda en distintas ciudades de Europa y América: Amsterdam, París, Londres, Berlín, Nueva York y Bogotá. El estudio toma como referencia indicadores sociológicos y demográficos, la tipología de ayudas públicas y los organismos creados por la administración y la sociedad civil para gestionar todos los temas relacionados con la vivienda.
El concejal ha destacado la importancia de estudiar el modelo de otras ciudades con políticas de vivienda mucho más evolucionadas, con el fin de conocer experiencias de éxito y valorar qué medidas e instrumentos se pueden extrapolar a Barcelona.
Al mismo tiempo, Montaner ha defendido que las políticas de vivienda tienen que aspirar a “la máxima diversificación posible” y aglutinar diferentes ámbitos de actuación por parte de la administración, por ejemplo, haciendo un censo de pisos vacíos y aprovechándolo para hacer pedagogía con los propietarios para que los incluyan a la Bolsa de Viviendas de alquiler.
Mejorar la gestión, la financiación y las entidades
La catedrática de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) y directora de la investigación, Pilar García-Almirall, ha destacado el enfoque interdisciplinario del estudio y ha resumido las principales lecciones derivadas de los ejemplos analizados, que podrían aplicarse en el caso de Barcelona para reforzar las políticas de vivienda.
En primer lugar, García-Almirall ha resaltado la importancia de las asociaciones de vivienda, una figura muy extendida en algunos países europeos que permite diversificar los proveedores de vivienda asequible y las sociedades de naturaleza público-privada y, como resultado, ampliar las opciones de vivienda y el stock de pisos disponible.
Por un lado, estas organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen un servicio de proximidad y un asesoramiento profesionalizado; por el otro, complementan el trabajo de las administraciones en la provisión, gestión y mantenimiento de la vivienda social.
La directora del estudio también ha insistido en la necesidad de reforzar los sistemas de captación de financiación y ha puesto como ejemplo el caso de Francia, donde existe una banca pública cuyos fondos se destinan exclusivamente a la gestión y construcción de viviendas públicas. Además, existe la figura legal de los CIL, comités interprofesionales de trabajadores que destinan parte de su sueldo a la construcción de vivienda social y pueden gestionar su adjudicación.
En Amsterdam, la existencia de un sistema automatizado que controla los precios del alquiler (a través de la Encuesta Anual de Vivienda) permite mantener un umbral relativamente estable y que las asociaciones puedan intervenir cuando lo crean necesario.
Para García-Almirall, la participación ciudadana es un elemento clave no sólo a la hora de definir la planificación y las iniciativas de los gobiernos, sino también para ayudar a la administración en la implementación de las políticas de vivienda y hacer un seguimiento que garantice su eficiencia.
El problema de un gasto público inexistente
Por su Parte, la directora de la Fundación Hábitat 3, Carme Trilla, ha criticado que el porcentaje del PIB destinado por el gobierno español a las políticas de vivienda sea prácticamente inexistente. En los países más avanzados, el gasto público en materia de vivienda se sitúa entre el 1,5-3% del PIB; en Europa, después de la crisis, se ha pasado del 1,1% al 0,8%, pero en España se destina sólo un 0,08%.
Trilla ha expresado “una preocupación profundísima” y ha lamentado que, al final, son las familias las que tienen que compensar la falta de inversión pública en un elemento fundamental del bienestar social. “Ese es el dilema: la incapacidad de las familias para acceder y mantener una vivienda ante el aumento de los precios”, ha declarado la ex secretaria de Vivienda de la Generalitat.
En este sentido, Trilla ha asegurado que “la gran virtud” del parque público de viviendas es poder controlar los precios, que la administración marca por debajo de las tendencias del mercado para garantizar el acceso a una vivienda digna en los sectores más vulnerables.