El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, que también es concejal del distrito de Sant Martí, explica en una detallada entrevista al diario ARA la situación actual de la vivienda social en Barcelona y las posibilidades de incrementarla gracias a la disposición de suelo público, entre otras herramientas. Todo queda plasmado en el Plan por el Derecho a la Vivienda, que se aprobará previsiblemente en enero. La entrevista al completo, a continuación.
Josep Maria Montaner: “Barcelona tiene suficiente suelo público para hacer 20.000 pisos”
Josep Maria Montaner (Barcelona, 1954) es doctor en arquitectura y autor de una cuarentena de libros de historia y crítica arquitectónica. Desde el 2015, encabeza por BComú la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, que depende del área de Derechos Sociales aunque mantiene estrechos vínculos con Urbanismo. El derecho a la vivienda es el eje central del programa municipal de los comunes y ahora estas políticas se han plasmado en el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025, que querrían poder aprobar en enero del año próximo.
¿Cuál es el objetivo del plan?
Es evidente que tenemos un problema grave de emergencia habitacional y para poder hacerle frente debemos mover todos los dispositivos posibles, desde la construcción de viviendas nuevas hasta la adquisición de otras ya hechas para rehabilitarlas, así como la detección de pisos vacíos para tratar de ponerlos en alquiler. El objetivo que nos marcamos es el que marca la ley de vivienda del 2007. Esta ley preveía que, para tener un parque de viviendas asequible, equiparable a los estándares europeos, en Cataluña tendría que haber un 15% de viviendas asequibles (unos 400.000 pisos); y el mismo porcentaje en Barcelona, cosa que supone unos 100.000 pisos. Éste es un plan a diez años vista, con un objetivo que no se había afrontado nunca con esta ambición. En definitiva, se trata de poder contrarrestar el mercado de manera que el derecho a la vivienda sea real para los sectores más populares y con más dificultades de la población.
Ahora estamos en un 1,6% de vivienda asequible. ¿Es factible llegar a un 15% con estas medidas?
Cuantitativamente es posible porque hablamos de vivienda asequible, no significa que todo sea de propiedad municipal. Hoy en día tenemos 11.000 pisos asequibles, 6.500 de los cuales pertenecen directamente al Patronato Municipal de la Vivienda -el alquiler medio es de 202 euros al mes- y los otros son del Incasòl, La Caixa, el tercer sector… Además, existen ayudas al alquiler que cubren las necesidades de 9.000 viviendas y que también contamos. Así pues, ahora podemos decir que tenemos unos 20.000 pisos, es decir, un 3%, que pueden considerarse asequibles porque están por debajo del precio del mercado. El objetivo es multiplicar esta cifra por cinco.
¿La prioridad es construir?
Durante los primero cinco años construiremos 4.000 viviendas, y los siguientes cinco serán 5.500 más. Eso de manera directa, pero también exploramos vías mixtas público-privadas que permitan construir con un afán de lucro limitado para que la vivienda sea asequible. Es un sistema que funciona mucho en Europa a través de las housing associations.
¿Después del boom inmobiliario, merece la pena construir más?
Si queremos incrementar el parque de vivienda pública debemos construir más. Hay suelo para hacerlo. Hay zonas como la Marina del Prat Vermell, la Sagrera o Sant Andreu, con mucho de potencial, áreas donde ya hay suelo urbanizado y calificado para la vivienda protegida. De hecho, Barcelona tiene suelo urbanizable y calificado para poder hacer 20.000 pisos. Y también tenemos que preparar más espacios. Hay lugares donde la ciudad todavía debe completarse.
¿Y el mito de que Barcelona no tiene suelo?
No es cierto. Tiene unos límites, pero todavía hay suelo. Es una ciudad bastante consolidada, pero queda bastante para construir, y lo que se haga ahora debe hacerse con mucho cuidado.
Si hay una emergencia, y suelo, ¿no se puede construir más rápido?
Construir no requiere tanto tiempo, pero las viviendas que hace el Patronato de la Vivienda son lentas porque deben pasar muchos trámites y deben realizarse uno tras otro: el concurso, las alegaciones, la licitación, la construcción… Si todo va bien, son al menos cuatro años, pero desgraciadamente siempre se tarda más, entre cinco y seis. Y cuando la vivienda está acabada, todavía hay que esperar a la urbanización y los suministros. A partir de aquí, desde que el edificio está acabado hasta que una familia puede entrar, todavía puede pasar un año. Ahora estamos acabando obras que empezaron durando el mandato de Jordi Hereu. En Francia, parece que han conseguido acortar los plazos haciendo que las fases se solapen, pero aquí la ley no lo permite. Por eso es interesante hablar con asociaciones de vivienda público-privada, porque una promotora privada puede hacer viviendas en dos años, y los trámites son más rápidos que para la administración. En ese sentido, para impulsar la producción y la gestión de la vivienda está prevista la creación de una asociación de vivienda asequible, participada con capital público y también privado, pero que garantice un liderazgo público. Si ponemos la máquina a pleno rendimiento podemos hacer unas 1.000 viviendas al año, o un poco más.
¿Esta asociación serviría también para poner topes al alquiler?
Los topes al alquiler podríamos ponerlos si tuviéramos este 15% de parque social. Las medidas contra los pisos vacíos van en ese sentido: tendríamos que conseguir unos 100.000, y las estadísticas nos dicen que en Barcelona hay entre 31.202 y 88.259 pisos vacíos. Seguramente no serán tantos ni tan pocos, pero por eso estamos elaborando un censo y bonificando con 1.500 euros los particulares que pongan su piso en la bolsa de alquiler. En menos de un mes ya hemos conseguido cien, y quizás podemos llegar a 1.000 o 2.500.
¿Aparte de construir, rehabilitar e incorporar pisos vacíos, tienen la intención de comprar?
Eso estamos haciendo. De los 2.500 pisos que los bancos han tenido que declarar a la Generalitat por la Ley 1/2015 de tanteo y retracto, hemos conseguido 550: 250 por cesión y el resto, por tanteo o directamente compra. Comprar pisos y solares también tiene un límite, tenemos un presupuesto. Lo que el Ayuntamiento no puede hacer es vender suelo, como se había hecho hace tiempo. Al contrario. Antes vender suelo público era una tradición: Barcelona fue pionera en vender suelo público para enjugar la deuda que habían generado los Juegos Olímpicos. La deuda ahora es baja, y lo que debemos hacer es justamente lo contrario, comprar edificios, solares, viviendas … Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es enriquecer su patrimonio público, y no venderlo. Es hora de que Barcelona reclame su espacio frente a los intereses privados, y ésa es una fuerza que el Ayuntamiento había ido perdiendo.
¿Se ha reactivado el mercado de la vivienda también en el sector privado?
De vivienda, de oficinas… Corre la voz entre los inversores de que es momento de invertir en Barcelona. En vivienda de clase media, en albergues y en hoteles, si encuentran lugar para hacerlo. La ciudad estaba dormida y se está activando.
Entrevista de Catalina Serra y Selena Soro
Publicada en el diario ARA el 28 de noviembre de 2016