La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha reunido este lunes, 2 de mayo, con los promotores de la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética, tras el recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional contra esta normativa. Gracias a la ley del Ayuntamiento de Barcelona, desde el pasado enero, ha conseguido parar 639 desahucios, está consiguiendo más de 400 pisos de entidades bancarias y ha tramitado alquileres sociales a 104 familias desahuciadas por parte de grandes tenedores, entre otros hitos.
Según la alcaldesa de Barcelona, se trabajará conjuntamente para garantizar el derecho a la vivienda. Así, Colau ha señalado: “Hay una ley estatal por una vivienda digna para todos y para impedir nuevas burbujas inmobiliarias.” También ha destacado que gracias a la ley que “el Gobierno del PP” ha llevado al Constitucional el Ayuntamiento ha podido empezar a paliar la emergencia habitacional con la creación de la Unidad contra la Exclusión Residencial para evitar desahucios y dar apoyo a las familias vulnerables. Con estas herramientas, y desde enero de este año, se ha conseguido:
– Detener 639 desahucios.
– La cesión o compra por debajo del precio de mercado de 550 viviendas en manos de bancos.
– Un total de 1.500 requerimientos a entidades financieras con pisos vacíos para que ofrezcan alquiler social.
– La tramitación de 104 alquileres sociales para familias desahuciadas por grandes tenedores.
– 81 requerimientos a grandes propietarios recordándoles su deber en cuanto a ofrecer alquiler social antes de proceder con un desahucio.
– Iniciar 17 procesos sancionadores a grandes tenedores para no ofrecer alquiler social.
La alcaldesa, Ada Colau, ha explicado: “Tenemos que pensar, uno por uno, los casos de familias en situación límite que se van a la calle y que se detiene el desahucio invocando la ley ante la propiedad, el juzgado o, incluso, ante la comisión judicial en el momento extremo de la ejecución.” A pesar del recurso del Gobierno central, Colau ha manifestado: “No pienso dar un paso atrás en la garantía al derecho a la vivienda. Que esto sirva para dar un paso adelante”.
En la reunión de este lunes, la alcaldesa, la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, se han reunido con Carlos Macías, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Irene Escorihuela, del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y María Campuzano, de la Alianza para la Pobreza Energética. Estas son las entidades que impulsaron la iniciativa legislativa popular que el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad el verano pasado, convirtiéndola en la Ley 24/2015.